La Real Cédula de 1817

 

El proyecto de colonización

 

1. La real cédula de 1817

 

La Real Cédula del 21 de octubre de 1817 fue promulgada en respuesta a las propuestas adelantadas en enero del mismo año por el Ayuntamiento, el Consulado y la Sociedad Económica de La Habana.

Esta cédula, compuesta de 29 artículos, tenía por objetivo el fomento de la población blanca en Cuba, medida considerada adecuada a las necesidades de mejora de la defensa de la isla y del desarrollo de la agricultura.

          Sobre este último punto, las autoridades coloniales entendían incrementar el cultivo en tierras hasta entonces vírgenes con productos adaptados a la demanda de naciones extranjeras. 

          La cédula llamaba a colonizar Cuba no solo a los “Españoles de la Península”; sino también, “en defecto de estos, [a los] Europeos Católicos súbditos de potencias amigas” y a tal efecto fue redactada en español, inglés y francés.  

          La inmigración francesa a Cuba comenzó en los años 1760, tras el Pacto de Familia ratificado por las dos familias borbónicas europeas con el afán de debilitar a Inglaterra. Los primeros franceses en llegar provenían tanto de la metrópoli como de zonas francófonas de América tales como Saint-Domingue o Luisiana. Eran médicos, ingenieros, pequeños agricultores o grandes plantadores, artesanos, comerciantes o bien maestros. La mayoría de ellos había servido en el ejercito español y contraído matrimonios criollos. Si su residencia dependía teóricamente de una carta oficial emitida por las autoridades cubanas, su presencia era tolerada sin este permiso.

          Las revoluciones francesa y negra de Saint-Domingue modificó notablemente la visión que se tenía de los franceses en Cuba. Mientras llegaban a Cuba olas de refugiados de Saint-Domingue y algunos de Francia, las noticias de los acontecimientos europeos y la interpretación que se les daba desde España provocaron un sentimiento general de sospecha hacía la población francesa. Respondiendo a las directrices de su metrópoli, las autoridades hispano-cubanas tomaron decisiones cada vez mas drásticas: la vigilancia de la población francesa en 1791, su expulsión en 1793 y el corte de toda correspondencia con Francia y sus ciudadanos en 1794. En parte aplicadas, estas medidas disminuyeron la presencia francesa en Cuba. Pero, con la Paz de Basilea de 1795 y la extensión del conflicto en Haití – ex Saint-Domingue – en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, se produjeron unas 30 000 nuevas llegadas, sobre todo en el Oriente cubano, principalmente en la región de Santiago. Los franceses traían a menudo con ellos sus esclavos, que contribuyeron al aumento de la población negra servil. Pero, citando al autor cubano Tomás Iriarte quien se refería en 1857 a los franceses refugiados en Cuba, “introdujeron máquinas y procedimientos desconocidos en el país para elaborar el azúcar, y así dieron un gran impulso a esta industria, hoy la principal de la isla, y en la que se apoya casi toda su riqueza agrícola y urbana”. El propio Arango y Parreño hablaba de la elaboración del azúcar “al método francés” Las guerras napoleónicas volvieron a cambiar la situación. En 1809 salieron de Cuba varios miles de franceses hacía Nueva Orléans, Filadelfia y las islas francesas e inglesas. Aunque algunos regresaron del exilio, los primeros franceses en llegar de nuevo a Cuba de forma planificada fueron los que acompañaron a Louis de Clouet en dirección de Jagua, animados por las ventajas concedidas a los nuevos pobladores blancos de Cuba.  

          ¿En que consistían estas ventajas? Además de los derechos civiles concedidos, como el de llevar armas o de poder convertirse en súbdito de la Corona española tras cinco años de estancia en Cuba, siempre y cuando se haya procedido al juramento de la fe católica y de fidelidad a la monarquía, los colonos disponían de derechos – o privilegios – propios de su condición de nuevo poblador del campo cubano.

          Estos artículos de tipo económico eran los mas numerosos y los mas detallados.

          En el contexto cubano del año 1817, no es sorprendente que el primer artículo de tipo económico tenga que ver con los esclavos. Pero sí mucho mas sorprendente es su contenido. En efecto, si bien el artículo 4 de la cédula establecía la exención de todo derecho a la importación de bienes y capitales para los colonos, incluyendo el capital servil, también especificaba que los posesores de esclavos debieran, transcurridos diez años desde su llegada a Cuba,  pagar cada año solo un peso por esclavo. Era una incitación objetiva a que los colonos siguieran aprovechándose de la libertad de trata en vigor hasta 1820 e introdujesen mas esclavos en la isla (ya que coincidían una creciente demanda de los plantadores cubanos en mano de obra servil y la escasez de esclavos en venta en el mercado interior con su consiguiente encarecimiento, y que su desenfrenada explotación no permitía una regeneración de la mano de obra servil), lo que constituía una paradoja fundamental con los compromisos tomados por España a nivel internacional y con la voluntad marcada de restablecer cierto equilibrio entre las poblaciones blanca y negra en Cuba.

          El resto de las medidas contenidas en la Real Cédula de 1817 también consistían en ventajas económicas. Los colonos tenían total libertad para comprar propiedades y bienes de todo tipo, instalarse definitivamente o regresar a su país de origen con los bienes que habían llevado a Cuba. Los colonos se beneficiaban también de una exención de impuestos sobre sus producciones (décimo) y sobre su venta (alcavala) durante quince años. Después de este período pagarían solo un 2,5 % de impuestos, es decir un cuarto del impuesto percibido normalmente por la Corona. En los primeros cinco años, la Hacienda cubano-española solo podría recaudar impuestos en caso de catástrofe natural o de ataques de “insurgentes” independentistas. En suplemento de estas bajas tasas de impuestos relativos a la actividad de la colonia, los nuevos habitantes tampoco deberían pagar contribuciones directas durante cinco años. Muy importante en el caso de Jagua, siendo esta provista de un puerto, era la “españolización” automática del pabellón de los navíos pertenecientes a los colonos y la exención de los derechos de anclaje en los puertos cubanos y españoles, favoreciéndose abiertamente el comercio hacía la metrópoli. Hasta un derecho de cortar maderas para la construcción naval les estaba concedido.

          A pesar de estas numerosas ventajas de orden fiscal, España pretendía controlar la acción de los colonos obligándoles, en el marco de sus negocios, a juntarse con españoles por medio de compañías y sociedades durante los primeros cinco años de su estancia en Cuba. Los colonos deberían también pagar un 10% de impuestos sobre los bienes adquiridos en la isla al retirarse de Cuba después de cinco años de estancia. Lo mismo estaba previsto para los bienes heredados en caso de que se sacasen de la isla.

          El tiempo medio estimado por las autoridades coloniales para que la instalación de los colonos deje de depender de las ayudas externas era entonces de cinco años. Por otra parte, es de señalar que muchas de las medidas eran destinadas a pobladores que disponían a su llegada o de bienes, o de alguna fortuna. Estas características eran mas bien propias de eventuales “fundadores” como De Clouet, y no de la mayoría de los colonos “comunes”.

          En un artículo añadido a la Cédula poco después de su primera impresión, se afirmó la necesidad de proceder a la distribución de tierras, “uno de los medios mas eficaces que se puedan emplear para atraer a los pobres que son los que mas interesan”.... la Corona española haciendo finalmente recaer la cuestión en manos de su administración en Cuba, encargada de “practicar lo que será conveniente”. Era entonces garantizada la intromisión de los oligarcas cubanos en los asuntos de la colonización, dándose para concluir por misión al Capitán General y al Intendente de Cuba el nombramiento de “tres habitantes respetables” encargados de proponer las medidas adecuadas y de convencer al resto de los propietarios para ayudar a la tarea.

          La cuestión de las tierras ponía en evidencia las intenciones de la Corona española quien aseguraba su total confianza a los grupos de poder en Cuba para hacer lo que les convendría. La falta de tierras libres de propietarios, aunque estos no las explotaran, se convirtió rápidamente en uno de los puntos de conflictos entre los plantadores cubanos y los nuevos colonos.

         Como se aprecia, la cédula se asemejaba en pocos aspectos a las peticiones elevadas a Madrid por la parte “ilustrada” de la oligarquía cubana a favor de una inmigración de pequeños agricultores blancos.  Esta elite de las Luces cubanas, a la cual pertenecían el Capitán General de Cuba José Cienfuegos y el Intendente de La Habana Alejandro Ramírez, no tardaría en reaccionar ante la poca consistencia y el carácter alusivo de la Cédula de 1817. A finales del año, una serie de medidas se añadieron, pues, al texto original, basándose en las nuevas propuestas de las autoridades cubanas.

          Un “patrón” era nombrado para cada grupo de colonos en función de su nacionalidad y procedencia, siendo José Chaviteau él que correspondía a los Franceses, y cuyo nombre, es de notar, no aparece en ningún documento de los archivos madrileños relativo a la Fernandina de Jagua. El alojamiento de los colonos sería asegurado temporalmente por las plantadores cubanos, en cuyas explotaciones se les darían una función laboral regulada por contrato y retribuida con un salario. El tiempo de trabajo debido al plantador como reembolso de su hospitalidad quedaba sin embargo por fijar.

          Otra medida complementaria era la creación de una nueva Junta de Población compuesta de tres miembros y de tres suplentes encargada de promover el aumento de la población blanca y de proponer las medidas adecuadas a medida de que se fuera desarrollando la inmigración blanca. Era también de su competencia el pago del pasaje hasta Cuba, sus eventuales gastos de salud, y una cantidad diaria de tres reales diarios como manutención para los adultos de 18 años y un real y medio para los menores.

           Las medidas económicas destinadas a asentar durablemente los colonos extranjeros en Cuba consistían en la distribución a cada colono mayor por la Junta de Gobierno de una caballería (en la Cuba de 1820 equivalente a 13,42 hectáreas)  de terrenos cultivables a censo redimible.

          La llegada de familias ya constituidas y “rentables a corto plazo” era favorecida con la adquisición de una caballería mas de terreno por cada tres hijos menores de edad.

          El material necesario a la instalación y a la explotación del campo lo suministraría el Gobierno cubano, ofreciendo a cada colono dos hachas, dos azadas, dos guatacas (nombre cubano de la azadilla), varios instrumentos de labor, así como dos bueyes y otros animales de corral. 

          La duración de la exención de impuestos a partir de la instalación era rebajada de tres a cinco años, debiéndose pagar después del plazo una tasa - también al alza -  de 5% en lugar del 2,5% previsto por la Real Cédula “original”.

          Se especificaba que las ventajas serían concedidas a los labradores, carpinteros, toneleros, talladores de piedra y otros artesanos que testificarían de su fe católica romana.

          Estas decisiones, a contra corriente de las normas generales de la primera versión de la cédula, favorecían claramente la llegada de una población blanca sin fortuna propia, dispuesta a trabajar en cambio, primero de su inserción en el tejido económico social cubano y, después de un tiempo, como asalariado, de preferencia en zonas rurales que se elegirían poco habitadas. La oligarquía cubana podía quedar satisfecha.  

          Quedaba un punto – y no de los menores – por aclarar: la financiación de las llegadas, tierras, ayudas y otros gastos que la Junta se había comprometido a pagar, así como los correspondientes a su propia actividad.

          La manera elegida para cubrir todos los gastos previstos para la introducción e instalación de población blanca era la recaudación de las tasas sacadas de la introducción – legal hasta 1820 – de esclavos en Cuba. Hemos aquí una muestra más de la incoherencia con la que se decidió el fomento de una población blanca de clase media – y hasta pobre - al mismo tiempo que se seguía apoyando a la entrada masiva de esclavos para suministrar las plantaciones cubanas de mano de obra. Dicho de otra manera, ¿ desearon realmente las autoridades hispano-cubanas la recuperación de una mayoría demográfica blanca para toda Cuba cuando su financiación dependía exclusivamente de la entrada de esclavos? La contestación negativa a esta pregunta parece evidente, máxime conociendo los intereses que tenía la propia administración insular – en gran parte compuesta de españoles metropolitanos - en la economía de plantación. Pero tampoco hay que minorar la lógica de la oligarquía en el poder. Para entenderla, hay que tomar en consideración que el aumento de la población blanca se planeaba principalmente para las zonas desprotegidas de Cuba. Entre ellas, las bahías y ensenadas naturales del sur de la isla atraían particularmente a los independentistas americanos y a los piratas para abastecerse, mientras los pantanos y las montañas constituían excelentes refugios para los esclavos cimarrones. La introducción de población blanca podría entonces hasta servir sus intereses, siempre y cuando esa no desbordase sobre sus negocios habituales. Entre otros, el problema de los palenques podría hasta resolverse utilizando, para impedir su implantación en territorios desertifícados, el poblamiento blanco tanto demográficamente como militarmente.  

          Según la Junta de Población, entre 1818 y 1820, fueron nada menos que 10 000 los colonos que decidieron instalarse en Cuba. A partir de 1820, fecha en la que el acuerdo anglo-español entró en vigor, el problema de la financiación se puso de nuevo de manifiesto. Después de mas de 10 años de reflexión (!), finalmente el gobierno insular dispuso, en acuerdo con las autoridades metropolitanas, que fuera percibido el 4% de los gastos de juicio de los capitanes negreros, tarea llevada a cabo por la Comisión Mixta anglo-española. Pero la ineficacia de la lucha anti-trata y la escasez de dinero disponible impidieron continuamente que la Comisión Mixta y la Junta de Población pudieran funcionar correctamente.  

          A pesar de las contradicciones evidentes que subsistieron hasta la abolición de la esclavitud – y, en cuanto a la cuestión social, mas allá de 1886 - entre el proyecto de poblamiento blanco de Cuba y las realidades insulares, la colonia de poblamiento blanco de la Fernandina de Jagua iniciada en 1819 alcanzo, no sin dificultades, cierto rango de “excepción que confirma la regla”. Pero, ¿a que se deben la supervivencia de la colonia y  su relativa prosperidad a finales del periodo de fundación?

          ¿Podrían hallarse, analizando los mecanismos socio-económicos de la empresa desde su inicio, particularidades que las explicasen?

 

 

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