El contrato de colonización y el acuerdo para la adquisición  de las primeras tierras

 

EL PROYECTO DE COLONIZACIÓN 

 

3.El contrato de colonización y el acuerdo para la adquisición de las primeras tierras

 

          El contrato de colonización del 8 de marzo de 1819 puede considerarse como el segundo acto de nacimiento de la Fernandina de Jagua. Mucho mas concreto en cuanto a las disposiciones necesarias al adelanto de la fundación, fue firmado entre el Capitán General Cienfuegos y su Intendente Ramírez por una parte, y el recién nombrado (1818) agregado al estado mayor de la plaza de La Habana Louis de Clouet.

          En contrato se componía de un preámbulo en el que se recuerdan los objetivos de la colonización y de trece artículos, muchos de ellos parafraseando a la Real Cédula de 1817. Sin embargo, su contenido es destinado a la fundación de Jagua en concreto, hallándose en él especificaciones sobre las tierras escogidas, su valor, o los derechos concedidos al fundador y a los colonos. Se notificaba también que se esperaba la llegada de “familias honradas, y de toda satisfacción y confianza [compuestas de] labradores y artesanos[,] antiguos naturales y vecinos de la Luisiana”.

          Por el artículo 5, De Clouet era el encargado del reclutamiento de los colonos, de su viaje hasta Jagua, el gobierno asegurando al fundador el reembolso posterior de todos los gastos hasta el año 1821, variable en función de la procedencia y de la edad de los nuevos pobladores. Asimismo, para los colonos mayores de edad, se pagaría treinta pesos por persona llegada de Luisiana o de otra parte de América, y el doble para las procedentes de Europa. Sólo la mitad de estas cantidades sería concedida en el caso de que los colonos fuesen menores.

          Los colonos percibirían tres reales y medio al día por persona mayor de diez años, y la mitad para cada niño. Se encargaría de la distribución el propio De Clouet, en efectivo o en especie.

          En materia de vida comunitaria, un cura debería ser enviado a Jagua para organizar el culto de la fe católica, así como un médico-cirujano para la asistencia sanitaria de los colonos.

          En cuanto a la justicia, el artículo la ponía en manos de De Clouet, éste obteniendo el papel de “medianero y juez inmediato”. En el caso de que De Clouet estuviera involucrado en algún asunto de justicia, la competencia recaería directamente en el Gobierno de Cuba.

          Por el conjunto de tareas del que De Clouet tendría que hacerse cargo, el Estado concedería las “gracias y mercedes” previstas por las leyes de Indias, generalmente plasmadas en tierras y un titulo de nobleza.

          ¿Como no ver en estas decisiones el retorno de la vieja figura americana del soldado-fundador, el Estado español delegándole – primero en la cédula y luego en el contrato -  las prerrogativas políticas, financieras y judiciales?

          El contrato también profundizaba en el tema económico, caracterizado por un gran proteccionismo, propio del sistema monopolista – aunque muy aliviado desde 1789 – en vigor en la América española.

          La introducción de productos manufacturados destinados a la venta dentro de la colonia serían libres de la mitad de los derechos habitualmente recaudados.

          En cuanto a la introducción de esclavos en la colonia, “los negros bozales que tengan preciso destino a los colonos o a la nueva población de Jagua ser[í]an enteramente libres de derechos, como los instrumentos de agricultura”. Más allá de la indignación que provoca hoy en día tal comparación entre medios materiales y humanos, esta medida demuestra que las autoridades no estaban mas dispuestas en 1819 que en 1817 a atacar seriamente el problema de la trata, a la vez factor y freno de la política de poblamiento blanco. Hemos aquí la prueba (aunque local, tales medidas se repetían para cada nuevo proyecto) que el fracaso del fomento de la población blanca en Cuba se debió a la propia administración hispano-cubana, a la vez representante de la autoridad colonial española y de los intereses de la plantocracia cubana.

          La cuestión de las tierras era también mas detallada que en la Real Cédula de 1817.

          El fundador se encargaría de repartir 100 caballerías entre los colonos, de manera gratuita y en un plazo de dos años a partir de su llegada, tal según lo estipulaba la cédula de 1817. Transcurridos estos dos años, la concesión de tierras costaría cada año un poco mas caro al fundador, siguiendo una subida cuya tasa todavía quedaba por determinar.

          Pero lo urgente residía entonces en encontrar las tierras de la colonia, de lo que De Clouet decía que “era el punto que ofrecía mayores dificultades por estar todos los terrenos repartidos en hatos y haciendas de privado dominio”. Por su parte, el Intendente Ramírez daba en una carta de 1820 dirigida al Ministro de Gracia y Justicia su opinión sobre la falta de tierras, denunciando la apropiación trisecular del espacio por los hacendados, primero para el ganado y luego para las plantaciones. En cuanto a esta cuestión, la sexta Ley de Indias (libro 4º, título 7º) dictada por Felipe II reconocía la inviolabilidad de los derechos de los propietarios sobre las tierras que ocupaban a la vez  que establecían el derecho exclusivo de la Corona sobre las tierras cercanas a los puertos. La ocupación  - ¿que criterios la definían? - de tierras cercanas - ¿hasta donde? – era una formula bastante ambigua, y no eran pocos los propietarios que entraban en posesión de tierras con solo declararlas suyas. Este fenómeno había tomado carácter de costumbre (en el sentido que se le conocía durante todo el Antiguo Régimen), y fue uno de los problemas principales de la naciente Fernandina de Jagua. En efecto, si las tierras mas adyacentes al puerto podían ser ofrecidas directamente por el Gobierno, no era el caso de las necesarias para el fomento de las zonas cultivadas. El primer asentamiento estaba previsto en las inmediaciones de la desembocadura del Río Salado pero finalmente fueron escogidas las tierras del Hato Caunao – del nombre indígena de unos de los ríos que desembocan en la bahía de Jagua -, situadas en el este de la bahía (ver anexos) y propiedad del terrateniente Agustín de Santa Cruz, con el que De Clouet tuvo que pasar un acuerdo. Según los documentos, fue el propio Santa Cruz quien, al enterarse de una visita de reconocimiento del fundador en la zona, vino a ver a De Clouet. Agustín de Santa Cruz, miembro “de una de las principales familias de la isla y propietario de los [terrenos] mas acaudalados”, se convirtió rápidamente en un personaje indispensable al lanzamiento de la colonia. El hacendado proponía ceder 130 caballerías de terreno de su hato, incluyendo en ellos la península de Majagua (ver anexos), a cambio de la obtención de un título nobiliario de Castilla – el de Conde de Santa Cruz de Cumanayagua, del nombre indígena de otro hato que poseía – y del grado militar de “Coronel de Milicias agregado a las de La Habana”. En su propuesta, Santa Cruz hacía corresponder el título de nobleza con las cien primeras caballerías y el grado militar con las treinta restantes. Como se puede apreciar, el sistema de valor y la cultura de clase de la oligarquía afectaban de pleno la Fernandina ya antes de que se fundase, sin que podemos decir si el afán de honores era mas o menos fuerte que el animo de lucro...

          Según M. Moreno Fraginals, fueron mas de cincuenta los títulos nobiliarios otorgados por la Corona a familias cubanas en los treinta primeros años del siglo XIX. El historiador cubano nos aclara también sobre las motivaciones de esta oligarquía cubana para la que “ser marqués o conde significaba arribar al peldaño final de la escala jerárquica. [...] el oligarca criollo [sentía] que [había] alcanzado su máximo nivel cuando la acumulación de riquezas, el dominio del poder local y el rango militar le [permitían] además de adquirir un título de nobleza. [Obteniendo las] principales ordenes y condecoraciones civiles y militares [...], el oligarca internaliza[ba] la ideología de la nobleza del Antiguo Regimen, su sistema de representaciones conceptuales, valorativas e, incluso, intuitivas. El ennoblecimiento sella[ba] su alianza con la nobleza terrateniente de España y le abr[ía] la puerta de la corte para el rejuego político  

          Una vez adquiridas las primeras tierras, las autoridades cubanas se encargaron de la logística necesaria al envío de los primeros colonos a la bahía de Jagua. A este efecto, se les suministraron 8 tiendas de campaña, 20 fusiles con municiones así como un destacamento de seis soldados encabezados por un cabo encargado de escoltarlos y protegerlos mientras se instalaran.

           También se mando una instancia al Gobernador de la ciudad de Trinidad, situada a unos setenta kilómetros de Jagua, en la que se le ordenaba prestar asistencia a los colonos si estos lo pidiesen.

 

Instalación, Colonos y Primeras Realizaciones

Plano del puerto de Xagua

 

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